Alberto Fernández declaró en la causa por irregularidades en seguros estatales
El expresidente Alberto Fernández se presentó este miércoles en los tribunales de Comodoro Py para declarar en la causa que lo investiga por presunta administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. Este expediente está relacionado con la contratación de seguros por parte de organismos estatales que habrían favorecido a Nación Seguros S.A., una empresa pública.
La audiencia, programada inicialmente para el 20 de noviembre, fue reprogramada para hoy a pedido de la fiscalía. Fernández ingresó a los tribunales media hora antes de la hora estipulada, evitando hacer declaraciones a la prensa.
Acusaciones y defensa del expresidente
El caso gira en torno al decreto 823/2021, firmado por Fernández en diciembre de ese año, que obligaba a los organismos estatales a contratar pólizas de seguro exclusivamente con Nación Seguros. Según la acusación, esta normativa habría beneficiado a intermediarios privados, eliminando la licitación pública y afectando la transparencia en el proceso.
El expresidente solicitó previamente la suspensión de la indagatoria, alegando que las imputaciones eran «confusas y generalizadas». También planteó la nulidad de la citación, argumentando que la Corte Suprema aún no resolvió su recusación contra el juez Julián Ercolini, quien lidera la causa. Sin embargo, la Justicia rechazó estas solicitudes, destacando que la indagatoria es un “acto fundamental” para garantizar el derecho a defensa del imputado.
La defensa de Fernández, encabezada por la abogada Marian Barbitta, afirmó que el expresidente no tenía conocimiento de los intermediarios implicados ni de las supuestas irregularidades en el proceso de contratación. Además, sostienen que la medida ya estaba en marcha antes de su firma.
El esquema bajo la lupa
La investigación apunta a que entre 2019 y 2023, diversos funcionarios y empresarios habrían direccionado contratos de seguros para beneficiar a particulares y empresas, generando un perjuicio al Estado. Entre los imputados se encuentran Héctor Martínez Sosa, broker y amigo de Fernández, y María Cantero, exsecretaria del expresidente. Según la acusación, ambos habrían participado activamente en el esquema.
El juez Ercolini consideró que las pruebas recolectadas hasta ahora, incluido el decreto firmado por Fernández, son suficientes para avanzar en la investigación. Este decreto fue derogado recientemente por el actual presidente, Javier Milei, mediante el decreto 747/2024.
Un proceso complejo
La causa involucra a más de 40 personas y se encuentra en una etapa clave, con indagatorias a los principales acusados programadas en las próximas semanas. Mientras tanto, se espera que las recusaciones y planteos legales presentados por la defensa sean resueltos, aunque podrían generar demoras en el proceso.
Este caso no solo pone en el centro de la escena judicial a Alberto Fernández, sino que también expone cuestionamientos sobre la gestión de fondos públicos y la transparencia en la administración estatal. Se espera que en los próximos meses se definan los pasos a seguir en el expediente, mientras las partes involucradas presentan sus argumentos.
