Imputan a dos hermanos por estafa agravada en una obra de Yerba Buena
Dos hermanos fueron imputados por el delito de estafa agravada por fraude, tras ser acusados de irregularidades graves en la construcción de una vivienda en un country ubicado en calle La Rioja al 3500, en Yerba Buena. Este caso, que involucra serias fallas estructurales, ha generado gran repercusión debido al peligro que representa para las víctimas.
La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I del Ministerio Público Fiscal (MPF), dirigida por la fiscal María del Carmen Reuter. Durante la audiencia, el auxiliar de fiscal Rodrigo Bilbao presentó las acusaciones y detalló las pruebas recolectadas hasta el momento.
Un caso de confianza traicionada
Los hechos se remontan al 11 de noviembre de 2020, cuando el imputado, en su rol de copropietario de una empresa dedicada a construcciones, firmó un contrato con una pareja para la edificación de una vivienda en un exclusivo barrio cerrado. Según el acuerdo, la obra debía cumplir con los planos aprobados por el Colegio de Arquitectos de Tucumán y el Colegio de Profesionales Técnicos de Tucumán. Sin embargo, las expectativas de las víctimas fueron traicionadas.
El informe técnico presentado como prueba reveló graves fallas estructurales, como la falta de vigas principales y otros elementos esenciales para garantizar la seguridad de la edificación. Además, se constató el uso de materiales en cantidad y calidad inferiores a las especificaciones, lo que representa un riesgo concreto tanto para los ocupantes como para la estabilidad del inmueble.
El rol de los acusados
El principal imputado, copropietario de la empresa constructora, habría liderado las operaciones fraudulentas. Por su parte, su hermana, también acusada, se encargaba de la administración de los recursos, incluyendo la compra y recepción de materiales, los cuales no cumplían con los estándares requeridos.
Adicionalmente, se señaló que la empresa no está inscripta en el Registro Público de Comercio, lo que agrava la situación legal de los imputados.
Medidas cautelares y un tercer implicado
Un tercer acusado, de 37 años, quien actuaba como técnico constructor, ya se encontraba bajo medidas de coerción de menor intensidad, como la prohibición de contacto con las víctimas y la obligación de fijar domicilio. Estas mismas medidas fueron aplicadas a los hermanos imputados tras la autorización de la jueza interviniente.
Durante la audiencia, el representante del MPF argumentó: “El tipo penal está acreditado. Existe un ardid que comenzó como un convenio legítimo, pero que, abusando de la confianza de las víctimas, se tornó ilícito al no cumplir con los parámetros mínimos de construcción”.
Impacto patrimonial y riesgo estructural
La obra no solo dejó un perjuicio económico significativo para las víctimas, sino que también representa un riesgo potencial para la familia que habitaría la vivienda. Según el fiscal Bilbao, el accionar de los imputados puso en peligro la seguridad de las personas y demostró un claro intento de defraudación.
Este caso resalta la importancia de la regulación y el control en el sector de la construcción, especialmente en proyectos de alto valor económico y social.
